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La incapacidad jurídica tiene profundas implicaciones en la vida cotidiana de muchas personas. Esta figura legal limita o anula la capacidad de obrar de un individuo, reconociendo que, por diversas razones, puede no estar en condiciones de tomar decisiones por sí mismo. Existen varios tipos de incapacidades, cada una con su procedimiento y características propias. En este artículo, desglosaremos esta materia, brindando claridad sobre cómo se clasifican y cuál es el proceso para solicitarla.
Qué es la incapacidad jurídica según el Código Civil.
La incapacidad jurídica es un concepto fundamental en el derecho civil español, regulado minuciosamente en el Código Civil. Este marco legal establece las pautas y disposiciones que rigen la capacidad legal de las personas en el contexto de sus derechos y obligaciones. En este artículo, exploraremos en detalle la incapacidad jurídica según el Código Civil en España y cómo afecta a las personas.
La incapacidad jurídica se refiere a la limitación de una persona para ejercer plenamente sus derechos y obligaciones en el ámbito legal. Esta restricción puede ser debida a razones de salud mental, discapacidad intelectual o cualquier otra circunstancia que afecte la capacidad de una persona para comprender y tomar decisiones informadas.
En España, la incapacidad jurídica se rige principalmente por el Código Civil. El Código Civil establece que todas las personas son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, a menos que una ley disponga lo contrario. En otras palabras, se presume la capacidad de las personas, pero existen excepciones que establecen la incapacidad jurídica.
A raíz de la implementación de la Ley 8/2021, de 2 de junio y su entrada a vigor a principios de septiembre de 2021, se actualizaron los paradigmas respecto a la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad. Desde la entrada en vigor de la ley ya no existirá la incapacitación, siendo sustituida esta figura por medidas de apoyo a la persona con discapacidad.
Por lo tanto, ya no se incapacita judicialmente a la persona, sino que se establecen medidas de apoyo para complementar su falta de capacidad y que pueda ejercer así sus facultades jurídicas.
No obstante, si usted se encuentra ante un procedimiento de este tipo, en el presente artículo le resumiremos todo lo que necesita saber en relación que es la incapacidad jurídica.
Tipos de incapacidad jurídica
A continuación, exploraremos los tres tipos principales de incapacidad jurídica que existían en España: absoluta, parcial y relativa y su adaptación a la nueva ley.
Absoluta
La incapacidad absoluta es el tipo más severo de restricción legal. Se declara cuando una persona no tiene la capacidad de ejercer ningún derecho ni asumir ninguna obligación.
Esto significa que la persona en cuestión no puede tomar decisiones sobre su patrimonio, salud, ni sobre ningún otro asunto legal, sin importar su magnitud. Por lo general, se aplica a personas con discapacidades mentales graves o enfermedades que les impiden comprender cualquier aspecto de sus asuntos legales.
Desde la nueva ley, la incapacidad absoluta se complementa con medidas de apoyo totales, de tal manera que el curador que es nombrado suple la capacidad de la persona en todos los aspectos de su vida, tanto personales, sanitarios, jurídicos, patrimoniales, etc.
Parcial
La incapacidad parcial es un grado intermedio entre la absoluta y la relativa. En este caso, la persona aún conserva cierta capacidad para tomar decisiones legales, pero existen áreas específicas en las que se encuentra limitada.
Estas restricciones pueden aplicarse a aspectos particulares, como la administración de su patrimonio o la toma de decisiones médicas. La incapacidad parcial es común en situaciones donde una persona puede comprender algunas cuestiones legales, pero no todas.
En estos casos, las medidas de apoyo a la capacidad que se establecen para que ejerza el curador se ciñen únicamente a los aspectos en los que es necesario, no extendiéndose a toda la esfera jurídica y personal de la persona afectada.
Relativa
La incapacidad relativa es el tipo menos restrictivo de incapacidad legal en España. En este caso, la persona en cuestión tiene la capacidad de ejercer la mayoría de sus derechos y asumir sus obligaciones. Sin embargo, se establece una restricción específica en relación con ciertos aspectos de su vida legal.
Esto significa que, en circunstancias concretas, requerirá la asistencia o el consentimiento de su curador para tomar decisiones.
La incapacidad jurídica puede manifestarse de diversas formas y puede ser el resultado de una variedad de circunstancias. Existen algunos ejemplos comunes de situaciones en las que se podría declarar la incapacidad jurídica:
- Incapacidad Mental Grave: Una persona que sufre de una enfermedad mental grave, como la esquizofrenia, que afecta su capacidad para tomar decisiones informadas y cuidar de sí misma, podría ser declarada legalmente incapaz.
- Demencia: Los individuos con demencia avanzada, como la enfermedad de Alzheimer, a menudo pierden la capacidad de tomar decisiones importantes sobre su atención médica y sus asuntos financieros, lo que puede resultar en la declaración de incapacidad.
- Discapacidad Intelectual Severa: Aquellas personas con discapacidades intelectuales graves que no pueden comprender ni gestionar asuntos legales y financieros pueden ser consideradas legalmente incapacitadas.
- Lesiones Graves o Discapacidades Físicas: En casos de lesiones graves que limitan significativamente la movilidad o la capacidad de comunicación de una persona, podría ser necesaria su tutela para proteger sus intereses legales.
- Menores de Edad sin Representación Legal: Los menores de edad que carecen de un tutor legal o representante legal debido a la muerte de sus padres o a situaciones de negligencia pueden requerir la designación de un tutor legal.
- Personas con Adicciones Severas: Aquellos que luchan con adicciones graves a sustancias pueden perder la capacidad de tomar decisiones racionales y seguras en relación con su salud y su bienestar financiero.
- Lesiones Traumáticas Cerebrales: Después de sufrir una lesión traumática cerebral, una persona puede experimentar cambios significativos en su capacidad cognitiva y emocional, lo que puede requerir la declaración de incapacidad.
- Personas Mayores Vulnerables: Las personas mayores que se vuelven vulnerables a abusos o explotación financiera debido a su edad o a problemas de salud pueden requerir la curatela de otra persona para proteger sus intereses y bienestar.
- Personas con Trastornos del Espectro Autista Severos: Aquellos con trastornos del espectro autista graves que no pueden cuidar de sí mismos o tomar decisiones legales significativas pueden requerir un curador legal.
- Personas con Lesiones Cerebrales Congénitas Graves: Las personas que nacen con lesiones cerebrales congénitas que afectan significativamente su capacidad de comprensión y comunicación pueden necesitar un curador legal a lo largo de su vida.
Quién es el tutor responsable de la persona con incapacidad jurídica
El curador, (anteriormente llamado tutor) es una persona designada por un tribunal para tomar decisiones en nombre de un adulto con incapacidad jurídica. Desde la ley de 2021, la figura del tutor se reserva únicamente para los menores.
El curador tiene la responsabilidad de proteger los intereses y el bienestar de la persona incapacitada. Este papel es esencial para garantizar que la persona reciba la atención adecuada y que sus derechos y propiedades estén debidamente protegidos.
En general, las leyes españolas establecen que los curadores pueden ser:
- Familiares: Los miembros de la familia, como padres, hermanos, cónyuges o hijos, pueden ser designados como curadores, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y sean considerados aptos para el papel.
- Personas de Confianza: En algunos casos, cuando no hay familiares disponibles o adecuados, se puede designar a una persona de confianza, como un amigo cercano o un tutor profesional, para actuar como curador.
- Instituciones: En situaciones excepcionales, se puede designar a una institución, como un organismo público o una entidad de tutela, como curador.
Para ser designado como curador de una persona con incapacidad jurídica en España, se deben cumplir ciertos requisitos legales. Estos requisitos incluyen:
- Capacidad Legal: El curador debe ser una persona legalmente capaz y no puede estar incapacitado.
- Idoneidad: La persona o entidad designada como curador debe demostrar que es idónea y está dispuesta a asumir esta responsabilidad.
- Interés en el Bienestar de la Persona Incapacitada: El curador debe priorizar el bienestar de la persona con incapacidad jurídica y actuar en su mejor interés.
La figura del curador responsable es fundamental para proteger los derechos y el bienestar de las personas con incapacidad jurídica en España. La designación de un curador es un proceso legal que se lleva a cabo con la supervisión de un tribunal y busca garantizar que la persona con incapacidad reciba el apoyo necesario para tomar decisiones informadas y proteger sus derechos y propiedades.
En última instancia, el curador desempeña un papel crucial en la protección y cuidado de las personas con incapacidad jurídica en la sociedad española.
Limitaciones de la curatela
En otras entradas de nuestro blog vimos qué es la curatela pero en este caso, es importante comprender que la curatela conlleva ciertas limitaciones que se imponen en aras de equilibrar los derechos individuales y la necesidad de salvaguardar a quienes puedan estar en situación de vulnerabilidad. En este artículo, exploraremos las limitaciones de la curatela y cómo influyen en la vida de las personas bajo su cuidado.
- Restricción de Autonomía.
Una de las limitaciones más evidentes de la curatela es la restricción de la autonomía. Cuando una persona es declarada legalmente incapaz y se le designa un curador, se pueden tomar decisiones en su nombre, lo que limita su capacidad para tomar decisiones independientes en diversos aspectos de su vida, como la salud, las finanzas y la toma de decisiones legales.
- Supervisión Legal.
Las decisiones tomadas por el curador están sujetas a supervisión legal. Un tribunal revisa las acciones del curador para garantizar que estén en el mejor interés de la persona con incapacidad jurídica. Esta supervisión es necesaria para evitar posibles abusos o malversaciones de poder por parte del curador.
- Limitaciones en la Administración de Propiedades.
En Muchos casos, el curador tiene el deber de administrar los bienes y propiedades de la persona incapacitada. Esto implica una restricción en la capacidad de esta última para realizar transacciones financieras o tomar decisiones relacionadas con sus propiedades sin la aprobación o la participación activa del curador.
- Cambios en la Vida Cotidiana.
La curatela puede afectar la vida cotidiana de la persona con incapacidad jurídica al influir en decisiones relacionadas con su cuidado, educación, vivienda y relaciones personales. Estas decisiones pueden estar sujetas a la supervisión y la aprobación del curador.
- Duración de la curatela.
Otra limitación importante es que la curatela no es necesariamente permanente. La ley establece que la curatela debe ser revisada periódicamente, y si se determina que la persona ha recuperado su capacidad, la curatela puede ser revocada.
Si bien la curatela es un mecanismo legal esencial para proteger a las personas con incapacidad jurídica, es fundamental reconocer las limitaciones que impone en términos de autonomía y toma de decisiones.
Estas restricciones están destinadas a garantizar que el bienestar y los derechos de la persona incapacitada estén protegidos, pero al mismo tiempo, deben ser gestionadas de manera equitativa y justa.
La supervisión legal y la revisión periódica son elementos clave para asegurar que la curatela se utilice de manera apropiada y se adapte a las necesidades cambiantes de la persona bajo su cuidado.
Cómo solicitar la incapacidad jurídica
En el presente caso, si te encuentras en la posición de solicitar la incapacidad jurídica para ti mismo o para un ser querido, es importante comprender los pasos clave que debes seguir.
- Obtén Asesoramiento Legal.
Antes de iniciar el proceso de solicitud, es fundamental buscar asesoramiento legal. Consulta con un abogado especializado en derecho de familia o en incapacidades para obtener orientación sobre el proceso y los requisitos específicos que se aplican a tu situación.
- Reúne la Documentación Necesaria.
Para respaldar tu solicitud de incapacidad jurídica, deberás recopilar documentación relevante, que incluye informes médicos, evaluaciones psicológicas y cualquier otro registro que demuestre la incapacidad de la persona en cuestión.
- Inicia el Proceso Legal.
La solicitud de incapacidad jurídica se presenta ante el tribunal competente. Debes completar la documentación requerida, que incluye el formulario de solicitud y cualquier evidencia documental que respalde tu caso.
- Evaluación Médica y Psicológica.
El tribunal puede ordenar una evaluación médica y psicológica de la persona para determinar su capacidad. Estos informes ayudarán al tribunal a tomar una decisión informada sobre la incapacidad.
- Nombramiento de un curador Legal.
Si el tribunal determina que la persona en cuestión es incapaz de ejercer plenamente sus derechos legales, se procederá al nombramiento de un curador y determinará las medidas de apoyo que éste complementará respecto de la persona con capacidad reducida. Este curador será responsable de tomar decisiones en nombre de la persona con incapacidad jurídica en los aspectos que determine el juez.
- Supervisión Continua.
La curatela se somete a una supervisión legal continua para garantizar que se cumplan los derechos y el bienestar de la persona con incapacidad jurídica. Esto implica la presentación de informes regulares al tribunal y la revisión periódica de la situación.
- Revisión Periódica de la Incapacidad.
La incapacidad jurídica no siempre es permanente. El tribunal realizará revisiones periódicas para evaluar si la persona ha recuperado su capacidad y si es posible revocar la curatela.
Solicitar la incapacidad jurídica es un proceso que requiere atención meticulosa y el apoyo de profesionales legales capacitados. Es un paso fundamental para garantizar que las personas con incapacidad jurídica reciban el cuidado y la protección que necesitan. Al seguir estos pasos clave y contar con asesoramiento legal, puedes iniciar el proceso de solicitud de manera efectiva y asegurarte de que se respeten los derechos y el bienestar de la persona afectada.
Personas que pueden pedirla
Expuesto todo lo anterior, puede aparecer la pregunta de ¿quién puede iniciar el proceso de solicitud de la incapacidad?
La Propia Persona con Incapacidad
La persona que cree que tiene incapacidad jurídica puede solicitarla. En muchos casos, las personas que son conscientes de sus propias limitaciones pueden iniciar el proceso por sí mismas. Es fundamental buscar asesoramiento legal para guiar este proceso de solicitud.
Familiares Directos
Los familiares directos, como padres, hijos, cónyuges o hermanos, también pueden solicitar la incapacidad en nombre de la persona afectada. Esto es común en situaciones donde la persona con incapacidad no está en condiciones de iniciar el proceso por sí misma.
Instituciones o Entidades de Tutela
En algunos casos, instituciones o entidades de tutela designadas por la ley pueden solicitar la incapacidad en nombre de la persona incapacitada. Esto puede aplicarse cuando no hay familiares directos disponibles o cuando se requiere una supervisión independiente.
Requisitos para Solicitar la Incapacidad
Independientemente de quién inicie la solicitud, hay requisitos legales que deben cumplirse. Estos incluyen:
- Evidencia de Incapacidad: Debe presentarse evidencia sólida que demuestre que la persona en cuestión no puede ejercer plenamente sus derechos legales debido a discapacidad mental, deterioro cognitivo u otras circunstancias similares.
- Interés en el Bienestar de la Persona: Quien presente la solicitud debe demostrar que su interés principal es el bienestar y la protección de la persona con incapacidad jurídica.
Tanto la propia persona afectada, los familiares directos como instituciones o entidades de tutela pueden desempeñar un papel en este proceso. Lo más importante es que la solicitud se realice con el interés genuino de proteger los derechos y el bienestar de la persona con incapacidad. Contar con el apoyo de asesoramiento legal especializado es esencial para asegurarse de que el proceso de solicitud se lleve a cabo de manera correcta y justa.
Órgano competente
Para declarar la incapacidad jurídica, es esencial entender quién es el órgano competente para declarar la incapacidad en un país determinado. En este artículo, nos enfocaremos en España y exploraremos el papel del órgano competente en este proceso.
En España, el órgano competente para declarar la incapacidad jurídica es, generalmente, el Juzgado de Primera Instancia. Este tribunal es el responsable de evaluar los casos y tomar decisiones en relación con la incapacidad jurídica. El proceso de solicitud y evaluación se lleva a cabo en este ámbito legal y se rige por las leyes y regulaciones establecidas por el sistema judicial español.
El proceso de declaración de incapacidad generalmente involucra varios pasos, que pueden variar según las circunstancias específicas del caso:
- Presentación de la Solicitud: La persona afectada, un familiar directo o una entidad de tutela presenta una solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia.
- Evaluación Médica y Psicológica: El tribunal puede ordenar una evaluación médica y psicológica de la persona para determinar su capacidad.
- Audiencia Legal: Se lleva a cabo una audiencia legal donde se presentan pruebas y argumentos. El tribunal considera toda la información antes de tomar una decisión.
- Nombramiento de un curador: Si el tribunal determina que la persona necesita medidas de apoyo, se procede al nombramiento de un curador, quien será responsable de tomar decisiones en su nombre.
Es importante destacar que el proceso de incapacidad no se considera definitivo y permanente. El tribunal realiza revisiones periódicas para evaluar si la persona ha recuperado su capacidad y si es posible revocar la curatela.
Por lo tanto, el órgano competente para declarar la incapacidad, como el Juzgado de Primera Instancia en España, desempeña un papel fundamental en el proceso de protección legal de las personas con incapacidad jurídica.
Este proceso se lleva a cabo con un enfoque en garantizar que se respeten los derechos y el bienestar de la persona afectada y se ajusta a las leyes y regulaciones vigentes. La supervisión y revisión continua son elementos clave para asegurar que la curatela se adapte a las necesidades cambiantes de la persona bajo su cuidado.
Procedimiento
Como ya se ha expuesto en el punto 5 relativo a cómo solicitar la incapacidad, una vez obtenidas la documentación necesaria y el asesoramiento correcto, el procedimiento de incapacidad jurídica comienza con la solicitud ante el Juzgado del Primera Instancia competente.
Una vez presentada la solicitud, el Tribunal podrá ordenar o no una evaluación médica y psicológica de la persona en cuestión. Este paso es crucial para determinar su capacidad y estado de salud mental, proporcionando la información esencial al Tribunal para tomar una decisión informada.
El tercer paso es la audiencia legal, donde se escuchará a las partes involucradas y a la persona afectada y a cualquier otra parte interesada, presentándose en esta fase pruebas y argumentos que permitan al Tribunal considerar toda la información antes tomar una decisión.
El Tribunal será el que determine que la persona es incapaz de ejercer sus derechos legales, procediendo al nombramiento de un curador, siendo responsable de tomar decisiones en nombre de la persona afectada en asuntos legales, financieros y de bienestar, que se hayan determinado por el juez en las medidas de apoyo que estime necesarias.
El procedimiento judicial está supeditado a una evaluación y supervisión continua, para garantizar que se respetan los derechos y bienestar de la persona con incapacidad jurídica.
Conclusiones
La incapacitación jurídica, a raíz de la implementación de la Ley 8/2021, de 2 de junio y su entrada a vigor a principios de septiembre de 2021, se actualizan los paradigmas respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y no existirá la incapacitación, siendo sustituida esta figura por medidas de apoyo a la persona con discapacidad.
Por lo tanto, ya no se incapacita judicialmente a la persona, sino que se establecen medidas de apoyo para complementar y que pueda ejercer así su capacidad jurídica.
No obstante lo anterior, si usted está incurso en un procedimiento de incapacidad jurídica, tenga presente las cuestiones expuestas para evitar cualquier tipo de problema en el futuro.
Si tiene dudas o cualquier cuestión acerca de la incapacitación jurídica, no dude en ponerse en contacto con nosotros, puesto que en Garrido y Doñaque tenemos a los mejores abogados especialistas en Derecho Civil.
Raúl Sierra Barajas.